Más de 120 familias valencianas viven en tensión desde hace meses porque la empresa propietaria de la torre donde viven, en el bloque Sociópolis, está negociando su venta con un fondo de capital riesgo. Por casos como éste, el gobierno valenciano aprobó recientemente un decreto ley para combatir los abusos de los llamados fondos buitre en la región. La medida prevé multas de casi un millón de euros para los casos graves de abusos inmobiliarios.