Las excelentes relaciones entre Iglesia y Estado son patentes en actos como el que preside Franco en Madrid, en el que impone las birretas cardenalicias a los arzobispos de Tarragona y Santiago de Compostela. Este mismo año, España firma un concordato con la Santa Sede por el que el Gobierno se compromete a que la religión católica sea la única oficial. Además, se mantienen las normas de 1941, por las que el Jefe del Estado tiene la potestad de elegir el obispo de una terna presentada por el Vaticano.