El parque nacional de Doñana sufre un deterioro ecológico constante, pese a las lluvias de este invierno. El cambio climático acecha al parque y el robo de agua, de momento, no cesa. Una inédita acción de la Fiscalía de la Audiencia Nacional podría cambiar en parte las cosas: la Fiscalía ha exigido al Gobierno que los invernaderos ilegales paren de inmediato su actividad. A cambio, se da la paradoja de que el Estado busca convencer a estos agricultores ofrecerles hasta 100.000 euros por hectárea para que dejen de operar sin permisos. Nos lo cuenta Javier Martín-Arroyo, periodista especializado en tribunales y medio ambiente.